La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dio a la tarea de emitir la Recomendación 8VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, mandada a la Procuraduría General de la República y a los Gobernadores de Nuevo León y de Tamaulipas pues se dio a la tarea de determinar que no actuaron con la debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes en el caso de la fosa donde fueron localizados 49 cuerpos en Cadereyta.
Según un comunicado, la CNDH dijo que los servidores públicos responsables de la procuración de justicia, tanto en el ámbito federal, como en el local de ambos Estados, realizaron de manera deficiente la investigación de los homicidios de las 49 personas halladas en el municipio de Nuevo León.
Como resultado de la investigación, la CNDH se dio a la tarea e acreditar que los agentes del ministerio público de la federación y locales, no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de los hechos, además no realizaron aquellas encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería, entre otras. De igual manera, se advirtió que personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar dónde se hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias que les realizaron.
Incluso, la CNDH corroboró la omisión en que incurrieron los agentes del ministerio público, tanto del ámbito federal como local, para efectuar diligencias que permitieran obtener datos con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.
Esta Comisión Nacional también confirmó la falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que causó que los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas, ya que en algunos casos pasaron más de 4 años, a pesar de que el personal ministerial contaba con datos para realizar dichos reconocimientos desde el año 2012.
Al Gobernador de Nuevo León le solicitó que el procurador estatal decline la competencia de la averiguación previa en favor de la PGR; ofrezca disculpa pública a familiares de las víctimas y se publique en dos medios de comunicación nacionales; se levante un memorial por migrantes desaparecidos; se capacite a los peritos en procesamientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, y en medicina forense con estándares internacionales; se apoye a la CNDH en la denuncia que presente ante la Procuraduría del estado para investigar a los servidores públicos que intervinieron en los hechos, así como en las quejas que presente ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de dicha Procuraduría. Foto: El Diario de Ciudad Victoria
